La educación NO es un producto de mercado, ES un derecho fundamental La educación no puede ser concebida como un servicio o producto de mercado, esto sería un retorno a la barbarie, a estados primitivos de la evolución humana, en el que se considera a cada persona como un objeto de negocio, lucro y acumulación. Es entender al ser humano como un factor productivo que debe contribuir al producto económico y debe prestarse para incrementar ese producto.
Entender así la educación es volver a concebir la vida con los parámetros de la esclavitud, en el que cada ser humano debía contribuir a la producción para subsistir, de lo contrario, no tiene derecho a la vida ni menos a la felicidad. ...Y entonces cómo entendamos al ser humano está a la base del proyecto social que implica la educación que un país define para sus ciudadanos... Toda nueva vida es el resultado de decisiones que otros han tomado (construcción colectiva política-económica-cultural y social), por lo tanto, constituye un deber inevitable –obligación que surge del principio de responsabilidad- que aquellos que conciben una nueva vida, se esmeren para que esta alcance un estado superior de existencia, se desarrolle íntegramente, pueda crear, ser libre y respetada, se reconozca valiosa, y finalmente pueda aportar al bien colectivo, puesto que nace y vive en sociedad, y su felicidad depende del grado de bienestar que disfrute su entorno social. La educación habilita a las personas para ser felices; no sólo es un medio para asegurar la propia supervivencia material, sino que también desarrolla seres complejos, inteligentes, creativos, que contribuyen al bienestar de todos. Sin educación se incrementa la infelicidad, la decadencia cultural de las sociedades, las condiciones de miseria y pobreza en las que muchos pueblos se han sumergido debido a la delincuencia, la brutalidad y la vulgaridad que la falta de educación produce. La educación es un derecho fundamental, de ella depende el pleno desarrollo del ser humano, y por lo tanto toda persona tiene el derecho a exigir aquellos espacios, recursos y herramientas que lo habilitan para ser feliz. Por lo tanto, no hablamos sólo de contar con un título para obtener bienes que nos permitan vivir, hablamos de la posibilidad de desplegar en su máximo potencial todos los talentos, creaciones y expresiones que le permiten al ser humano actuar y transformar el mundo, participar activamente de la vida cultural y social de su país. La educación, desde esta mirada, es una responsabilidad social y una obligación colectiva que en las sociedades modernas se implementa a través del Estado, en tanto este es la expresión formal e institucional de la sociedad. Cuando los pueblos son cultos y desarrollados otorgan el derecho a la educación, pues han entendido que toda nueva vida es el resultado de una decisión colectiva social. Es por ello que nuestra civilización, después de siglos de evolución, ha consagrado el derecho a la educación en numerosos tratados internacionales de derechos humanos y, particularmente, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, ratificado por casi todos los países del mundo, y adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966, vigente desde el 3 de enero de 1976. Este Pacto en su artículo 13 reconoce el derecho de toda persona a la educación. De allí que una sociedad evolucionada le entrega la responsabilidad de la educación al Estado y la concibe como un derecho inalienable.
1. ¿Cuál es el problema central de la institucionalidad educacional vigente? El principal problema dice relación con la privatización de la educación. Hoy menos del 50% de la población estudiantil está en establecimientos públicos, lo que significa que una parte sustantiva del esfuerzo educacional recae en la familia. Chile es, en comparación a la región latinoamericana y a los países más desarrollados del mundo, el que muestra mayor matrícula en centros de formación privado. Esto ha llevado a deteriorar severamente la calidad de la educación, en particular la educación pública, que contiene en su mayoría a sectores muy vulnerables y a los que no se les puede ofrecer una educación de calidad. Por otra parte, el sistema educacional no es eficaz en eliminar o aminorar las desigualdades de cuna, muy por el contrario, las incrementa al ofrecer a los más desfavorecidos una pésima educación, y a los más acomodados, educación de calidad. Es más, la enorme desigualdad que hoy exhibe Chile, es también el que incrementa y agudiza las desigualdades.
2. Si la educación es un derecho en Chile (Constitución y ratificación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas) ¿Cuál es el rol del Estado? El Estado, en tanto representante de la sociedad, habiendo suscrito el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, y habiendo consagrado en su Constitución el derecho a la educación, se convierte por ello en garante de este derecho. Sin embargo, en los hechos, este se encuentra gravemente vulnerado. En Chile, por ejemplo, la educación superior es la más cara del mundo. En comparación a los países de alto desarrollo (OCDE), el costo de la educación universitaria chilena es una porción muy mayor del ingreso disponible por persona y, a nivel de los países latinoamericanos no tiene comparación, dado que los Estados de estos países aseguran la educación gratuita. En Chile, el 84% de los gastos en educación superior son asumidos por la familia y sólo un 16% por el Estado. Esto tiene como consecuencia un sobre endeudamiento de la población estudiantil y sus familias. Lo anterior, porque más de un 90% de las familias –dado sus niveles de ingreso- no puede pagar la educación.
3. ¿Cuánto es el gasto público en educación actualmente? Actualmente, el Estado de Chile gasta, según la información oficial de la Dirección de Presupuestos, aproximadamente 10 mil millones de dólares en educación, lo que representa un 3,3% del Producto Interno Bruto. En cuanto a la educación superior, de todo el ingreso que genera el país en un año, sólo un 0,3% es para educación superior, lo que está muy por debajo de lo que gastan los países de alto desarrollo. Por ejemplo, en esos países, se gasta 5 veces más en educación superior de lo que se hace en Chile. El Estado de Chile es el que menos invierte en educación en el mundo, dejando esta responsabilidad en la familia, a merced del mercado y de empresas-universidades que lucran con el gasto de las familias. En el pasado, desde 1950 a 1973, cuando se entendía que gobernar era educar, el gasto público en educación creció 10% anual, llegando a gastarse en este bien público un 7,3% del ingreso del país anualmente. La dictadura militar redujo considerablemente el gasto público en educación y la Concertación no modificó dicha situación, por lo que hoy en día el esfuerzo del Estado no supera el 3,3% del ingreso nacional. Al mismo tiempo, la población estudiantil es hoy un poco más del doble de lo que era a comienzos de la dictadura. Se desprende por sí solo el deterioro de la educación: menos recursos y más necesidades.
4. Si la educación es un derecho, ¿se puede lucrar con ella? En Chile es más importante la libertad de empresa que el derecho a la educación. De hecho, parte de los recursos que el Estado invierte con los impuestos pagados por las personas se destinan a engrosar las utilidades de los dueños de establecimientos educacionales. Teniendo en cuenta la escasez de recursos y la suprema importancia del derecho a la educación, constituye un uso irracional de recursos su asignación al enriquecimiento de terceros. No puede ser un valor aceptado que se reduzca el gasto en bibliotecas, aulas, estudios y se prefiera el enriquecimiento de terceros. Cuando se instala legítimamente el fin de lucro en la educación, lo que se está haciendo es sacrificar la calidad e infringir el derecho a la educación. Maximizar el lucro requiere fijar el máximo precio posible (el arancel) y bajar lo más posible el costo (la calidad). De esa manera hacemos máxima la ganancia a repartir entre los dueños o accionistas de las universidades-empresas. Esa es la trágica historia de Chile en los últimos tiempos. Si aseguramos el derecho a la educación, tenemos que fijar el mínimo precio posible, puesto que cualquiera sea ese precio, constituye una barrera al ejercicio de ese derecho. Es por ello que los aranceles deben ser iguales a cero. El ejercicio de un derecho no puede estar sujeto a un precio. Todo precio puesto a la educación es la negación misma de ese derecho. Por otro lado, tenemos que asegurar la máxima calidad posible, es decir, el máximo costo, ya que, menos alumnos por profesor, más bibliotecas, mejor infraestructura, profesores bien remunerados, implica altos costos para lograr alta calidad. Es por ello que lucro y derecho a la educación es una fórmula matemáticamente imposible. Esto no quiere decir que un establecimiento educacional no pueda tener excedentes. Lo que no puede hacer es repartirlos entre sus propietarios. Si todo excedente es reinvertido en la educación, entonces, no es fin de lucro. Permitir el lucro en la educación es reconocer que se privilegia el negocio y no el derecho a la educación. Esto es grave, ya que existen muchas familias endeudándose por la educación de sus hijos (que no siempre es de calidad), y finalmente lo que hacen es endeudarse para enriquecer a los dueños de los establecimientos educacionales y a los bancos. En la educación superior, los créditos obligan a los estudiantes a pagar más del doble de lo que piden prestado. Muchos parten con 20 millones de pesos en deuda al inicio de su vida laboral. En Chile, estamos en la lógica de educar para lucrar. Todo esto para sustentar, además, una práctica ilegal y prohibida por la legislación en materia de educación superior, que se practica a vista y paciencia de todas las autoridades políticas y educacionales del país. Con el lucro la educación se ha empeorado y deteriorado a niveles preocupantes. El lucro, por ejemplo, ha creado la institución del profesor taxi que hace clases en distintas universidades y que, por la baja remuneración, no tiene ni el tiempo ni los recursos necesarios para actualizarse y otorgar una adecuada educación a sus estudiantes. La reducción contundente de los profesores de planta y el aumento masivo de los profesores taxi es claramente el resultado de la orientación hacia el lucro y no hacia la educación real y eficaz de los establecimientos educacionales. El lucro, por otra parte, no ha incrementado la investigación ni el desarrollo. Según la información recabada por la OCDE y el Banco Mundial, en Chile se gasta apenas un 0,7% de su Producto Interno Bruto (PIB) en investigación y desarrollo, al mismo tiempo que las principales instituciones que realizan investigación son las universidades estatales más importantes: U de Chile, U. Católica, U. de Concepción, U. de Santiago y U. Austral. El lucro, en su afán de obtener las ilícitas e ilegales ganancias, ha masificado y sobresaturado el mercado del trabajo con profesiones y oficios que no tienen demanda suficiente y, en consecuencia, lo único que han conseguido es rebajar sustancialmente las remuneraciones a las que pueden acceder los nuevos profesionales, lo que a su vez contribuye a incrementar el lucro de otras actividades productivas que tienen la posibilidad de contratar profesionales muchísimo más baratos.
5. Desigualdad en el acceso a la educación de calidad Actualmente en Chile la educación lejos de ayudar a reducir las desigualdades de cuna es más bien un mecanismo que las profundiza. Somos uno de los países con mayor desigualdad en el mundo. Al término de la dictadura militar, el 5% más rico tenía un ingreso 110 veces más alto que el 5% más pobre. Actualmente, esa diferencia es superior a las 220 veces. Si en los colegios públicos el 85% de alumnos vienen del 60% más pobre, y en los colegios privados más del 60% de los alumnos viene del 20% más rico, no nos puede sorprender que los más pobres reciban una mala educación y los más ricos lo contrario. Es así como los más pobres entran al mundo laboral en peores condiciones.
6. El aporte de la nacionalización del cobre y la realidad de hoy Fruto de los procesos de chilenización y nacionalización del cobre -logrados con un acuerdo unánime del Congreso pleno en 1971- los excedentes que Codelco aportó al Estado de Chile hasta el 2007, llegaron a los 62.000 millones de dólares. Esto equivale a más del doble de los ingresos que el Estado ha obtenido por los impuestos que en el mismo período han pagado todas las empresas privadas existentes, incluyendo los bancos, compañías de seguros, AFP, empresas mineras, forestales, industriales, pesqueras, etcétera. Esto ha cambiado drásticamente, dado que en su mayoría los recursos del cobre no se destinan a financiar la educación de los chilenos, sino que a incrementar las ganancias de las empresas extranjeras y nacionales que actualmente son dueñas de más del 70% de lo que fuera el cobre chileno. Para el año 2011, se estima (O. Caputo) que las ganancias de las mineras privadas llegarán a los 35 mil millones de dólares, es decir, 3 veces más que la inversión del Estado en educación, 7 veces más grande que el gasto en salud y 12 veces lo que gasta en vivienda. Por lo tanto, no es Chile un país que no tenga los recursos que necesita para mejorar la educación y asegurar que todos puedan acceder a este derecho. El problema es que hoy se prefiere que empresas multinacionales se lleven la riqueza que produce el cobre de Chile y no se quede en el país para beneficio de su gente.
7. En Chile las empresas no pagan impuestos, por lo que en el país los impuestos son bajos En Chile las empresas no pagan impuestos por sus utilidades, ya que lo que pagan, posteriormente se descuenta del impuesto que sus dueños tendrían que pagar por todos los ingresos que reciben como personas. Si una empresa paga 100 pesos como impuesto a las utilidades y sus dueños deben pagar 300 pesos por los ingresos recibidos como personas, el Servicio de Impuestos Internos le descuenta los 100 pesos que pagó como empresa y finalmente solo paga 200. Este beneficio -que va en directo favor de los dueños de empresas- podría eliminarse y así obtener recursos para financiar la educación. Además, en Chile lo que se paga en impuestos para producir bienes públicos es sólo un 19% de todo el ingreso nacional, en los países más ricos del mundo llega al 38%. Por tanto hay un gran margen para obtener recursos públicos adicionales que permitan financiar la educación. Una reforma tributaria que haga que las empresas sí paguen impuestos, que reduzca el IVA y aumente la tasa tributaria sobre las grandes empresas, permitiría grandes recursos para financiar la educación, considerando que esas grandes empresas son responsables de más del 80% de la producción nacional.
8. Chile: pocas familias muy ricas y millones de pobres Según la revista internacional Forbes, la Familia Luksic tiene una fortuna de 19.200 millones de dólares, con un aumento de 8.100 millones de dólares tan sólo en el año 2011. El empresario fundador de Cencosud, Horst Paulmman -y su familia- tiene un patrimonio de 10.500 millones de dólares, con 5.500 millones más que en el 2010. Los hermanos Matte, 10.400 millones de dólares, con un aumento de 2.300 millones en un año. El Presidente Piñera con 2.400 millones de dólares y con 200 millones más de lo que registró el año 2010. Sólo el aumento de la riqueza de los Luksic permitiría que 400 mil estudiantes financiaran su educación durante 5 años. Por otra parte, 8 de 10 chilenos no tienen los ingresos suficientes para hacerse cargo de sus necesidades básicas, las desigualdades se incrementan día a día, por ejemplo, la diferencia entre el ingreso más alto del 10% más rico y el máximo ingreso del 10% más pobre, pasó de 980 veces en el 2006 a 2.200 veces en el 2009. Algo realmente inaceptable.
9. Chile prefiere adquirir armas de guerra y no educar a sus estudiantes Chile tiene el más alto presupuesto en gastos militares de América Latina. Mientras gasta 0,3% del PIB -es decir, del ingreso nacional- en educación superior, se permite un gasto de 3,6% en defensa. Estos gastos son innecesarios pues el país vecino que más gasta en defensa, Bolivia, llega al 1,8%. Cuando una sociedad prefiere invertir en instrumentos de muerte antes que en ámbitos tan cruciales como la educación, debe hacer una reflexión profunda acerca de las opciones valóricas de dicha sociedad. Desde la racionalidad, es una muy mala asignación de los recursos. Esto quiere decir que en las decisiones del Estado, pesan muy fuerte los intereses de los sectores militares y prácticamente nada los estudiantes y sus familias, es decir, la gran mayoría de los chilenos.
LA EDUCACIÓN PÚBLICA FINANCIADA POR EL ESTADO ES POSIBLE Chile tiene el Ingreso Per Cápita más alto de América Latina. Mientras países como Argentina, Uruguay, Cuba, México, Perú y otros -socialistas y capitalistas- asumen la educación pública con un ingreso menor, Chile le exige a la familia que lo haga. Chile es 7 veces más rico que en los años sesenta, cuando se financiaba la educación pública. Chile exporta 80 veces más cobre que en los sesenta, cuando no se cuestionaba el derecho a la educación. La población estudiantil hoy es un poco más del doble que en los sesenta. Estos datos avalan el postulado de que Chile está capacitado para asumir plenamente el financiamiento de un sistema público de educación de calidad que sea consistente con el derecho universal a la educación. Para llevar el gasto público al 7% del PIB se requieren unos 7 mil millones de dólares. Menos que las ganancias mineras, que podrían conseguirse con una reforma tributaria que exija mayor aporte de las grandes empresas, con la renacionalización del cobre y otros recursos, así como con una reducción de los gasto militares.
CONCLUSIÓN El problema de Chile no es la restricción de recursos; no es que Chile sea un país pobre que no pueda hacer frente a bienes tan necesarios como la educación, no, Chile es un país muy rico que, entre otras riquezas, tiene cerca del 50% de las reservas de cobre, valoradas entre 1,3 y 3 billones de dólares. El problema de Chile es que la riqueza se destina a usos que no van en interés de los chilenos, tales como las utilidades de las grandes mineras y los incrementos de la riqueza de unas pocas familias muy ricas, entre otras absurdas decisiones que se toman en el nombre del pueblo chileno. Esto se explica porque las empresas multinacionales y esas familias chilenas muy ricas tienen una influencia política gigantesca que no tiene contrapeso. La representación política es totalmente incapaz de revertir esta situación, en parte importante debido a que el dinero influye inmoralmente en la política, así como en todo el Estado, el que está orientado a proteger los intereses de privados antes que los intereses del país.
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