Ya van 133 trabajadores despedidos por ser parte del sindicato de empresa Coemín.Una gravísima denuncia de persecución laboral y despidos injustificados en contra de la empresa Coemín, fue la que realizó el vicepresidente provincial de la CUT, Félix Martínez Viveros durante la mañana del viernes 7 de enero.
La empresa Coemín S.A, pertenece al Grupo Minero Sociedad Contractual Minera Carola, la cual es propiedad de Jonás Gómez Gallo, quien es descendiente directo de Pedro León Gallo (fundador del Partido Radical y millonario hombre minero).
La persecución que acusan los trabajadores de la empresa, tiene su origen en las movilizaciones que realizaron durante el 2010. La primera fue efectuada durante el verano y se desarrolló en la misma mina, mientras que la segunda huelga se efectuó durante el mes de julio, y tuvo lugar en la planta de procesamiento de Tierra Amarilla.
Al término de la última huelga se reintegraron a las faenas los 217 trabajadores sindicalizados que se movilizaron; actualmente sólo quedan 84 de ellos. “Los despidos han sido selectivos y sólo buscan acabar con el movimiento sindical”, señaló enfático el presidente del Sindicato Único de Coemín, Luis Cotorrea, haciendo referencia a la serie de despidos que se han realizado desde septiembre del 2010.
“LA PAMPA, PAN DE LOS DÍAS, CEMENTERIO Y TIERRA AMARGA”
Como una cruel broma, los trabajadores de Coemín recibieron esta Navidad un mantel plástico y servilletas de papel como regalos para la celebración. A diferencia de las demás mineras, que entregaban cajas de mercadería a sus trabajadores. Pero eso no es lo más grave, sino la situación de trabajadores como Martín Zárate, que fue despedido el 20 de diciembre sin recibir un peso del finiquito para poder pasar las fiestas y deudas de fin de año, ya que no recibieron el bono navideño.
Como justificación para los despidos, la empresa recurrió al artículo 161 del Código del Trabajo, donde se establece que el empleador puede poner término al contrato de trabajo invocando como causal de despido, las necesidades de la empresa.
El seremi de Trabajo de Atacama, Luis Urqueta, explicó que han recibido los reclamos de los trabajadores de Coemín, pero que no está entre sus facultades determinar si la empresa incurrió o no en un “descriterio”, argumentando que eso es materia de tribunales.
Situación similar ocurrió en la minera Carola -también de propiedad de Jonás Gómez-, donde luego de la huelga del año pasado se han despedido a más 40 empleados.
“AL SUEÑO QUE ERA EL OLVIDO, SÓLO ESPINA POSTERGADA”
La intervención de la minera es de tal nivel, que la empresa impulsó a un grupo de trabajadores de dar comienzo a una “moción de censura” (destituir a los miembros de la mesa directiva). Al ser notificados del veto de los demás trabajadores, a través de una carta enviada por la misma empresa, la mesa directiva dio los 5 días de plazo para realizar la votación. Según los estatutos el plazo se cumpliría el miércoles 12 de enero con un ministro de fe de la Inspección del Trabajo.
Pero la empresa y el grupo de trabajadores contrarios a la directiva, decidieron adelantar la reunión para el pasado viernes 7. Una reunión relámpago que no se ajusta a los estatutos y que no cuenta con la venia de la Inspección del Trabajo, por no ajustarse al protocolo legal.
La empresa, puso traslado gratuito para los funcionarios sindicalizados de las dependencias administrativas de La Serena y Santiago, que nada tienen que ver con las demandas que actualmente defienden los trabajadores de la mina y la planta. Demandas que dicen relación con el cambio de una jornada laboral ordinaria, por una jornada de turnos 4X4 (cuatro de descanso por 4 turnos de 24 horas), como propone la empresa, y a la cual los trabajadores se oponen. Estos cambios de jornada sólo se pueden realizar con acuerdo entre el sindicato y la empresa, de allí el interés de Coemín por acabar con un sindicato “que no le favorece”.
Según trabajadores que asistieron a la asamblea (que no revelaron su nombre, por temor a represalias), Jonás Gómez realizó una fatal advertencia: “Si la mesa actual sigue, voy a seguir con los despidos”. Y en la misma línea el dirigente Luis Corrotea, señaló que el octogenario notario Cañas, de la ciudad de Copiapó y ministro de fe traído por la compañía, no permitió tomar apuntes a los dirigentes aludiendo a que él se encargaría de hacer el acta personalmente, recién el día lunes 10.
Esa misma tarde de día viernes, se realizaba la asamblea. Llamaba la atención el ir y venir de dos camionetas de la PDI desde el interior de la planta (en la fotografía), las cuales se estacionaron afuera de las oficinas de la administración de la empresa. Ahí estaba reunido Jonás Gómez con el administrador, como lo constatan las imágenes tomadas por la televisión local. Por su parte Luis Cotorrea dijo que a las dos de la madrugada del sábado, efectivos de Carabineros llegaron a su casa para consultarle algunos datos.
Algunos medios de Comunicación como Holvoet TV (Canal regional de Copiapó) y Radio Atacama intentaron hablar con Jonás Gómez el día de la votación, pero este no quiso entregar declaraciones.
Esta es una de las medidas de amedrentación, que según Luis Cotorrea, Jonás Gómez comete con regularidad, y señala que “el equipo de guardias de seguridad de la planta actúa como una verdadera policía interna”.
Para este miércoles 12 está presupuestada una nueva Asamblea General del Sindicato, que esta vez estará enmarcada en el procedimiento que dictan los estatutos y que contará con la participación de la gente del INP, y donde no se vislumbra un buen futuro para los trabajadores de Coemín, puesto que la mesa directiva será removida y las demandas de los trabajadores desaparecerán de la agenda entre la empresa y el sindicato.
Por Silvia Gutiérrez y David Ortiz (El Ciudadano)
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