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| Félix Bacigalupo (Pathfinder). |
Un conflicto que se arrastra desde mediados de la década pasada y que se agudizó hace cuatro años con un juicio civil y luego con una querella criminal lanzada en 2010, enfrenta en la III Región a Agrofruta -firma que pertenece al grupo Pathfinder, controlado por los empresarios Juan Obach, Félix Bacigalupo y Marcos Cariola- con la firma Coemin S.A., propiedad de la familia Gómez Gallo, dueña de un holding que encabeza la Minera Carola.
La causa de esta disputa que ve el Primer Juzgado Civil de Copiapó, es la denuncia de una severa contaminación de parronales de uva de exportación por efecto las emisiones de la vecina planta procesadora de cobre Cerrillos, en Tierra Amarilla. Y a este juicio civil iniciado por Agrofruta en noviembre de 2007 y que se encuentra ad portas del fallo, se suma una querella criminal que interpuso esta misma compañía en septiembre de 2010.
Si bien las indemnizaciones solicitadas en la primera acción judicial superan el millón de dólares, fuentes cercanas al caso señalan que los montos finales involucrados superan varias veces esa cifra.
"De partida, tenemos 12 hectáreas botadas ya que los parrones comenzaron a morirse. Y hay otra una superficie cercana a las 50 hectáreas también afectadas por el polvo. Para nosotros, lo grave es no saber en que va a terminar esto", reclama el gerente general de Agrofruta, Francisco Vial.
El abogado de Coemin, Alvaro Varela, responde que mientras la Planta Cerrillos comenzó a funcionar desde 1974, las plantaciones de Agrofruta inmediatamente vecinas partieron 10 años después. "No resulta entendible que esa empresa haya instalado las plantaciones a partir del límite mismo de la propiedad vecina a la planta, sin dejar siquiera una línea de protección ni adoptar medidas de ninguna especie, simplemente exponiéndolas a eventuales riesgos", argumenta.
Si bien confirma que ambas actividades pudieron coexistir por largo tiempo, Vial responde que el perjuicio ambiental se desató hace 6 años "cuando empezamos a notar un daño leve que se fue transformando en grave e insostenible", tras lo cual decidieron iniciar su ofensiva legal.
Posicionada entre los productores más importantes de uva con un total de 3 millones de cajas, Agrofruta concentra el 40% de sus operaciones en la Región de Copiapó, donde posee 500 hectáreas repartidas en tres predios, uno de los cuales -el fundo Alianza- es el que acusa perjuicios por las emisiones.
Acusaciones por impacto ambiental
Varela atribuye las emisiones que ha recibido Agrofruta a un notorio "aumento de la totalidad de las actividades mineras, con la presencia de grandes explotaciones y plantas de procesamiento, de las que la Planta Cerrillos es sólo una más, como también el aumento de la circulación de vehículos, especialmente pesados".
Por el contrario, el abogado de Agrofruta, Mario Galindo, acusa que la "composición química identificada en los informes respectivos que es completamente ajena al polvo natural, deteriora el suelo y mata los vegetales". Sobre la gravedad de este impacto ambiental, Vial precisa que como resultado del proceso de molienda "sale al ambiente un polvo con una serie de contaminantes, como es el caso del cobre, que se deposita sobre los parrones y el suelo, deteriorándolo".
Varela sale al paso aseverando que "sorprende este argumento por parte de una empresa que exporta exitosamente la uva que allí produce a Norteamérica, un mercado que tiene altas exigencias y estándares de ingreso de estos productos, en tanto que en sus acciones civiles, penales y administrativas expone que sufre la contaminación por metales pesados (cobre, arsénico y silicatos)".
Una arista que Vial descarta afirmando que "de aquí no ha salido nada que sea un peligro para nadie. La fruta de exportación va con muchos análisis de pesticidas y contaminantes".
Convencido de que "distintas actividades pueden convivir pacíficamente si cada una cumple con sus regulaciones", Galindo asevera que el aumento de la contaminación que comenzó generar un daño que hasta hoy no se ha detenido, sino que se ha ido acentuando año a año, con un cronograma de ampliación de la producción que " fácilmente se cuadruplicó en dos años". Vial asegura que la ampliación de la Planta Cerrillos "se hizo sin ninguna autorización, y hasta hoy no están tomando las medidas necesarias".
Varela refuta lo anterior afirmando que a pesar de que las faenas de Coemin "son muy anteriores a la vigencia de las normas sobre evaluación ambiental, la ampliación de la Planta Cerrillos de una producción de 150.000 toneladas mensuales a una de 240.000, fue aprobada por la Corema Regional en 2008".
Fuente: La segunda on line
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